Mi vida que ya no es mía

No le tengo  especial simpatía a Olivia de Havilland, siempre me ha parecido una de esas buenas falsas que con una sonrisa angelical te pega sin pestañar tremenda puñalada por la espalda. Dicho esto, siento mucho el revolcón judicial que acaba de darle la Corte de apelaciones de California a propósito de una demanda que presentó contra la productora de Feud, una serie televisiva sobre desavenencias y encontronazos sonados. Como el que ella tuvo a lo largo de toda su vida con Joan Fontaine, su hermana. Tanto se detestaban que Joan un día llegó a declarar lo siguiente: “Me casé primero que Olivia, gané el Oscar antes que ella y, si muero primero, sin duda se pondrá furiosa porque también le habré ganado en eso». El desencuentro era público y notorio pero la serie Feud decidió “adornar” la historia un poco más inventando escenas y poniendo en boca de Olivia palabras gruesas que la centenaria dama (a punto de cumplir 102 años)  asegura que jamás pronunció. La justicia sin embargo ha dado la razón a la productora de Feud aduciendo que “En este tipo de obras expresivas, las personas retratadas, ya sean mundialmente conocidas o perfectamente ignotas, no poseen su historia ni tienen derecho aprobar o desaprobar la representación de personas reales hechas por el creador puesto que prevalece la libertad de expresión por encima de cualquier otro derecho”. ¿No tiene uno derecho a su propia historia? ¿Está el derecho de expresión por encima de los hechos reales? Podría parecer que situaciones como estas solo afectan a famosos o personajes públicos pero, teniendo en cuenta que la verdad es un valor en vías de extinción y que lo que dicen las redes sociales de nosotros, sea cierto o no, es lo que queda para siempre, no está de más poner las barbas a remojo. Hablando de Google, por ejemplo, hay que decir que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación interpuesto por esta compañía para fijar doctrina sobre el llamado derecho al olvido. En este momento en España existen 64.000 personas que desean ser olvidadas, es decir que solicitan que se borren de los buscadores noticias publicadas sobre ellos. Los casos son de lo más variados. Entre ellos, el de una persona a la que se acusó de asesinato y luego fue absuelta. O el de una madre que solicitó retiraran la foto de su hijo muerto sobre el asfalto tras un atropello. De momento, ninguna de esas dos personas ha logrado su deseo. El criterio de qué se retira y qué no lo  marca  Google.  Desde 2014, la compañía ha recibido en los países de la Unión Europea 656.899 solicitudes para retirar del buscador 2,4 millones de direcciones de Internet de las que ha cancelado cerca de un millón. Según la compañía, las peticiones se evalúan una a una teniendo en cuenta diversos factores como la vida profesional del solicitante o si tiene un perfil público o no. ¿Podría por tanto Francisco Camps, que fue absuelto por el caso de sus trajes, pedir que se borre todo lo publicado en su contra puesto que ha sido declarado inocente? La decisión es de Google, que tendrá  que evaluar si prevalece la protección de datos personales o la libertad de expresión. Lo que ahora tiene que dirimir la Justicia española es si dicha compañía debe verificar la exactitud de la información que publica. Dicho así parece bastante elemental, pero según ellos no solo es una labor ímproba, sino que eliminar o alterar contenidos supondría una pérdida de “objetividad” y caer en la censura (sic). Además, si Google tuviera que valorar la veracidad de las noticias que indexan sus servidores, estaríamos trasladándole una responsabilidad inaudita: la de determinar qué es verdad y qué es mentira.

Y mientras tanto nosotros, pobres ratas de laboratorio, aquí estamos sin saber si nuestra vida es nuestra o, como el caso de Olivia de Havilland, alguien en alguna parte nos la está reinventando de arriba abajo. Yo por mi parte cada vez descreo más de lo que se dice de otros. Ese es al menos mi pequeño canto a la libertad.